¿Qué es la rescisión administrativa de un contrato?

Empieza cuando la institución comunica el incumplimiento al proveedor por la plataforma. El proveedor tiene cinco días hábiles para exponer lo que a su derecho convenga y aportar pruebas, y la institución, diez días hábiles más para resolver de forma fundada y motivada. Si el proveedor entrega los bienes o presta los servicios antes de que se determine la rescisión, el procedimiento queda sin efecto, previa aceptación y verificación de la institución de que la necesidad sigue vigente, y se aplican las penas convencionales que correspondan.

La institución puede decidir no rescindir si hacerlo dañaría más sus funciones. Entonces lo justifica en un dictamen y da al proveedor un nuevo plazo mediante un convenio modificatorio. También puede suspender el trámite si se inicia una conciliación. El proveedor no tiene esa vía: si es él quien quiere rescindir, el Reglamento le exige acudir a la autoridad judicial federal.

Al notificarse la rescisión se extinguen los derechos y obligaciones del contrato y se formula el finiquito, que debe notificarse dentro de los 20 días naturales siguientes. El proveedor devuelve en 10 días naturales el anticipo no amortizado, con intereses, y la institución hace efectiva la garantía de cumplimiento.

Las consecuencias siguen después. Tres contratos rescindidos en dos años por causas imputables al proveedor le impiden contratar con las dependencias y entidades convocantes durante dos años. Rescisiones en dos o más instituciones dentro de tres años son causa de inhabilitación. Y si el contrato rescindido venía de una licitación, la institución puede adjudicarlo al segundo lugar sin licitar de nuevo, si su precio no supera en más de 10 % al del ganador.