¿Qué es un convenio modificatorio?

La ley pone topes. El monto o la cantidad pueden crecer hasta el 20 % de lo pactado originalmente, sumando todas las modificaciones y al mismo precio, y si el contrato tiene varias partidas ese 20 % se mide en cada una. Hacia abajo, si el proveedor demuestra causas justificadas, se pueden cancelar partidas o cantidades hasta por el 10 % del importe total.

Hay cosas que un convenio no puede tocar: el precio, los anticipos, los pagos progresivos, las especificaciones y cualquier cambio que dé al proveedor condiciones más ventajosas que las originales. Ampliar sólo el plazo de entrega procede por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a la institución, y en ese caso no se cobran penas por atraso.

Cada cambio de monto, plazo o vigencia que la garantía original no cubre obliga a ampliarla, en el plazo que fije el convenio y sin pasar de 10 días naturales desde su firma. En arrendamientos, servicios o insumos para la salud que necesitan continuidad al cerrar el año, la vigencia puede ampliarse hasta el primer trimestre del ejercicio siguiente, al precio original y sujeta a que haya presupuesto.

Un convenio también sirve para evitar una rescisión. Si rescindir causaría más daño a sus funciones que el incumplimiento, la institución puede dar al proveedor un nuevo plazo para cumplir, con un convenio que respete esos límites. Por todo esto, el monto final de un contrato puede ser distinto del que anunció el fallo.

En obra pública las reglas son otras: la LOPSRM permite modificar los contratos a precios unitarios mediante convenios, siempre que no impliquen variaciones sustanciales al objeto del proyecto original.