¿Qué es una pena convencional?

Se calcula con el porcentaje de penalización que fija el contrato, aplicado sólo al valor de lo que se entregó o prestó con atraso y en proporción a la garantía de la partida de que se trate. En un contrato abierto se aplica orden por orden, sobre lo entregado tarde y no sobre todo el contrato. Si se pactó ajuste de precios, la pena se calcula sobre el precio ajustado.

Se cobra antes de pagar. Dentro del trámite de aceptación de la factura, la institución calcula la pena, y el pago queda condicionado, en proporción, a que el proveedor la cubra. Si la garantía se redujo por el buen historial del proveedor, el tope se calcula sin esa reducción. Cuando el procedimiento exceptuó la garantía, el tope es el 20 % del valor de lo entregado fuera de plazo, o el 10 % si sólo participaron campesinos, grupos urbanos marginados, cooperativas, organismos del sector social u organizaciones de grupos de atención prioritaria.

Una pena no es una deducción. La pena castiga el atraso; la deducción descuenta del pago lo que se entregó de forma parcial o deficiente, sin que cada concepto exceda la parte proporcional de la garantía. Los incumplimientos distintos del atraso tampoco se resuelven con penas: van al procedimiento de rescisión.

Si la pena por una partida no entregada rebasaría la prevista, la institución puede cancelar esa partida y cobrar por la cancelación la pena máxima que le correspondería, siempre que las cancelaciones no pasen del 10 % del importe total. Si el contrato se rescinde, esa sanción por cancelación ya no se contabiliza, porque se hace efectiva la garantía de cumplimiento.

Las penas sólo corren en un sentido: el Reglamento no admite pactarlas a cargo de la institución. Si la institución se atrasa en pagar, lo que el proveedor puede pedir son gastos financieros.