¿Qué es el anticipo en un contrato público?

El porcentaje lo fija la convocatoria, la invitación o la solicitud de cotización, según el monto, el costo financiero del mercado y el tiempo de fabricación o de prestación, y el titular del área requirente debe justificarlo. El tope general es el 50 % del monto total del contrato sin impuestos, y sólo cuando se pactó precio fijo.

Para micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y organismos del sector social la regla cambia. Si el bien tarda más de 60 días naturales en fabricarse, la ley dice que las instituciones «otorgarán», en igualdad de circunstancias, entre 10 y 50 % de anticipo, y el Reglamento pide darles el mayor porcentaje posible sin la justificación del área requirente.

Se amortiza en proporción en cada pago. Su garantía se entrega antes de recibirlo y se cancela hasta que se amortiza por completo. Si la institución se atrasa en entregarlo, la fecha de cumplimiento del proveedor se recorre el mismo plazo. Si el contrato se rescinde, el proveedor devuelve lo no amortizado en 10 días naturales, con intereses.

En obra pública la regla es otra. La LOPSRM permite otorgar hasta el 30 % de la asignación presupuestaria del contrato en cada ejercicio, para instalar oficinas y almacenes en el sitio y comprar materiales y equipos. Puede ser más cuando las condiciones de los trabajos lo requieren, con autorización escrita del titular de la institución o de quien tenga delegada esa facultad, y puede llegar a toda la asignación del primer ejercicio cuando la obra abarca varios ejercicios, empieza en el último trimestre del primero y el anticipo resulta insuficiente. Ahí la ley obliga además a los licitantes a considerar el anticipo al calcular el costo financiero de su propuesta.

Para un proveedor con poco capital de trabajo, que haya o no anticipo cambia la cuenta: decide cuánto financiamiento propio necesita para cumplir y cuánto le cuesta afianzarlo.