Oaxaca: fechas reprogramadas y condiciones de obra

El calendario original de la convocatoria y de las bases sufrió una reprogramación de los actos a partir de la etapa de proposiciones, documentada en el aviso del área de licitaciones difundido junto con el acta de junta de aclaraciones; la propia nota aclara que la fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución no tuvieron modificación alguna.

Acto	Fecha original	Fecha efectiva o reprogramada	Constancia en el expediente
Publicación de la convocatoria	29 de agosto de 2026	29 de agosto de 2026	Resumen de convocatoria
Visita al lugar de los trabajos	1 de septiembre de 2026, 10:00 h	Celebrada el 1 de septiembre	Acta de visita: ninguna empresa contratista se presentó
Junta de aclaraciones	2 de septiembre de 2026, 10:00 h	Celebrada el 2 de septiembre, virtual	Acta: asistió una empresa, sin preguntas en plataforma
Presentación y apertura de proposiciones	10 de septiembre de 2026, 09:00 h	15 de septiembre de 2026, 11:00 h	Aviso de reprogramación y acta de apertura
Fallo general	15 de septiembre de 2026, 11:00 h	17 de septiembre de 2026, 12:30 h	Acta de fallo
Firma de contrato	Las bases señalaban el 17 de septiembre	18 de septiembre de 2026, prevista	Aviso y acta de fallo; la consulta no registra si ocurrió
Inicio y terminación de trabajos	21 de septiembre al 31 de diciembre de 2026 (102 días naturales)	Sin modificación	Aviso de reprogramación y acta de fallo

La junta de aclaraciones se realizó por vía virtual (enlace de videoconferencia) el 2 de septiembre a las 10:00 horas; el acta registra la asistencia de una sola empresa, VARDE Ingeniería de Alta Precisión, S.A. de C.V., y que no se realizaron preguntas en la plataforma, por lo que la junta concluyó a las 10:08 horas. Las solicitudes de aclaraciones, conforme a las bases, debían enviarse con al menos veinticuatro horas de antelación. La fecha de firma de contrato presentó una inconsistencia interna entre documentos: las bases señalaban el 17 de septiembre de 2026 como fecha, mientras el aviso de reprogramación y el acta de fallo la fijaron el 18 de septiembre; este último documento es el acto que ordenó la formalización.

El modelo de contrato es de obra pública bajo la condición de pago de precios unitarios y tiempo determinado. Para el inicio de los trabajos la entidad otorgará un anticipo del 30% de la asignación aprobada del contrato, cifra que las bases también fijan; con el monto adjudicado de 3,873,827.61 pesos sin IVA, ese porcentaje equivale a 1,162,148.28 pesos (cálculo derivado). El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada estimación hasta la estimación final, y su atraso en la entrega diferirá en igual plazo el programa de ejecución, salvo que el contratista no entregue la garantía o decida iniciar con recursos propios. Los pagos se realizarán mediante estimaciones mensuales por conceptos de trabajo ejecutados, pagaderas en un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de su autorización por la residencia de la obra y la presentación de la factura.

En garantías, el adjudicatario debió otorgar dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo: una fianza por el 100% del monto total del anticipo y una fianza de cumplimiento por el 10% del monto del contrato sin incluir IVA, ambas a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca; concluida la obra, una fianza del 10% del importe ejercido para responder por defectos y vicios ocultos, con vigencia de doce meses contados a partir de la recepción física de los trabajos. El respaldo legal de estos estándares es el siguiente: el plazo de quince días naturales y la garantía por la totalidad del monto de los anticipos corresponden al artículo 48 de la LOPSRM, disposición que deja en la persona titular de la dependencia u órgano de gobierno la facultad de fijar las bases, la forma y el porcentaje de las garantías; el diez por ciento del importe ejercido con vigencia de doce meses para vicios ocultos corresponde al artículo 66 de esa ley; y el 10% de la garantía de cumplimiento es el porcentaje fijado por las bases y el modelo de contrato al amparo de esa facultad.

El régimen de consecuencias incluye: pena convencional de 2 al millar por cada día natural de atraso sobre los trabajos no ejecutados, cuyo importe no podrá exceder el monto total de la garantía de cumplimiento; la obligación de reintegrar en diez días naturales los anticipos no amortizados al finiquito, con gastos financieros en caso de incumplimiento; y la elaboración del finiquito dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción física de los trabajos. Las bases advierten que la falta de garantías del adjudicatario constituye causa de anulación de la adjudicación, con posibilidad de adjudicar a la siguiente proposición solvente siempre que la diferencia de precio no exceda del diez por ciento.

La lectura del expediente identifica los siguientes factores de riesgo y observaciones relevantes para evaluar el procedimiento y su fase de ejecución:

• Calendario ajustado contra el cierre de ejercicio. El contrato debía firmarse el 18 de septiembre y los trabajos concluyen el 31 de diciembre de 2026, mismo día en que vence el periodo contractual registrado. La reprogramación trasladó la apertura al 15 de septiembre sin mover el inicio de obra (21 de septiembre), de modo que entre apertura, fallo, garantías, firma y arranque mediaron pocos días; cualquier retraso inicial consume margen de un plazo de 102 días naturales y expone al contratista a la pena convencional de 2 al millar diario.
• Visita al sitio sin asistencia de contratistas. El acta del 1 de septiembre registra que ninguna empresa contratista se presentó a la visita. Las bases aclaran que la asistencia era optativa, pero también que el desconocimiento de las condiciones del sitio no releva al contratista de ejecutar y concluir la obra, ni faculta solicitar modificaciones por ese motivo; el riesgo de condiciones locales queda así asignado al contratista.
• Estricta revisión formal de solvencia. La propuesta de menor precio se desechó por omisiones documentales de detalle (identificación sin cargo ni firma, nombres de notaría y accionistas, domicilio fiscal tapado por sello, captura de acceso a la plataforma del superintendente), lo que ilustra el estándar de revisión aplicado; para cualquier análisis de inconformidad o de aprendizaje, el fallo debe cotejarse contra los anexos de cada propuesta.
• Concentración de la decisión económica en el presupuesto base. Tres de las cinco propuestas rebasaron el presupuesto base autorizado, cifra que no consta como monto en los documentos revisados; la competencia efectiva se resolvió entre dos propuestas casi empatadas en precio (diferencia de 987.86 pesos).
• Formalización condicionada a garantías. No puede formalizarse contrato sin estar garantizado conforme al artículo 48 de la LOPSRM; la falta de garantías en plazo es causa de anulación de la adjudicación con posibilidad de contratar con la siguiente proposición solvente (diferencia de precio no mayor al diez por ciento), mecánica que conviene vigilar si la firma no se concreta en fecha.
• Observación documental. En las actas de apertura y fallo varios participantes y testigos figuran con la leyenda de que no se conectaron a la sesión virtual; el dato es constante del registro, sin que el expediente documente más allá de ello.